CONCURSO TRASLADOS FUNCIONARIOS. EL JUEZ DA POR EJECUTADA LA SENTENCIA.

 
 
 
El juzgado contencioso-administrativo nº1 de Valladolid, en incidente de ejecución de sentencia 004/2019, ha resuelto desestimar el incidente de ejecución planteado por la CGT, contra la ejecución de sentencia que realizó la Junta de Castilla y León. Con las acciones emprendidas, el juez da por ejecutada la sentencia. Estas acciones consistieron en que la Junta identificó todos los puestos que deberían haber sido ofertados y que ya no se ofertan por haber sido objeto de modificación o amortización.
 
En base a esta identificación de plazas se publicó la RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2019, de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia n.º 223/2017, de 21 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, dictada en el recurso de apelación 561/2016 y del Auto de 8 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Valladolid, dictado en ejecución definitiva n.º 34/2018.
 
Posteriormente (18/07/19) RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de los Subgrupos A1 y A2 perteneciente a los Cuerpos Superior y de Gestión de la Administración y de Gestión Económica-Financiera, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, en ejecución de sentencia. En la misma se resuelve la oferta con la adjudicación de 6 plazas y otras 5 a resultas.
 
En resumen, el juzgado desestima la demanda de CGT y declara ejecutada la sentencia 223 de 21 de febrero de 2017 de la sala de lo contencioso del TSJ de Castilla y León.
Esto viene a demostrar, que el proceso negociador abierto para lograr el concurso abierto y permanente para funcionarios, era también una herramienta útil para reducir la judicialización existente en los concursos de funcionarios y que no había ninguna “confabulación” de la UGT con la Administración para oscuros fines. La vía abierta a través del catálogo, no impedía la ejecución de la sentencia; es más la hacía más sencilla.
 
Finalmente, solucionado en vía judicial esta fuente de conflictividad, UGT espera que la rápida adaptación, prometida por Función Pública, de la RPT permita empezar a convocar el concurso abierto y permanente de funcionarios.
 
 
 
 
 
 

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