CON EL DINERO NO SE JUEGA.

Valladolid, 20 de octubre de 2020.

Ante la reciente publicación de la Guía de Actuación debido a la aparición de casos de Covid 19 en Centros Educativos de Castilla y León versión 2 el día 7 de octubre de 2020 por parte de la Consejería de Sanidad, desde el sector de Sanidad de la FeSP de UGT Castilla y León, queremos hacer una serie de consideraciones:

1. El día 18 septiembre denunciamos mediante un comunicado (“Ayusada”) la privatización de la realización de PCRs en el ámbito educativo por parte de la Consejería de Educación. Esta privatización (ejecutada el 9 de septiembre y que abarcaba desde el 11 de septiembre al 31 de diciembre) tenía un único objetivo, como consta en el contrato de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y no era otro que el de, literalmente: “Realizar pruebas PCR al alumnado que comience a presentar síntomas de Covid 19 en el centro educativo así como al personal docente o de administración y servicios que haya estado en contacto estrecho con el mismo…”. Es decir, lo privado sustituía a lo público en la realización de PCR a los casos sospechosos de infección Covid.

2. Pese a este contrato de dinero público (700.000 euros), con un objetivo claro y definido, la Consejería de Educación dicta el día 9 de septiembre, es decir, el mismo día en que se resuelve la licitación de la privatización, unas instrucciones donde también hacen recaer en las empresas contratadas la realización de PCR a los posibles contactos del caso positivo, alumnos y personal, a 130 euros la prueba, actividad que no está recogida en el contrato… ¿nos toman por tontos?

3. Para más inri, la nueva versión de la Guía de Actuación de la Consejería de Sanidad del 7 de octubre antes mencionada, indica ahora, claramente, que la atención y la realización de la PCR (nomenclatura ahora oculta con las siglas PDIA) en los que desarrollen síntomas Covid en el centro educativo correrá a cargo de Atención Primaria. Conclusión: el principal componente del objetivo de esta privatización ya NO EXISTE, es decir, un mes después de licitada la privatización unilateralmente por la Consejería de Educación, Sanidad les dice que son ellos los responsables de las actuaciones…PONGANSE DE ACUERDO.

4. Ante este dislate las preguntas son obvias: ¿se va a rescindir el contrato con las dos empresas beneficiadas al haber desaparecido el principal objetivo del contrato? De no ser así, ¿se va a renegociar el importe del mismo? Si ahora ya no se habla de realizar PCR, sino de PDIA, cuyo importe será sensiblemente más bajo, ¿qué pruebas van a seguir realizando estas dos empresas y a qué precio? ¿En qué momento los dos gobiernos de la Junta de Castilla y León se van a poner de acuerdo y coordinarse en beneficio de los castellanos y leonesas?

Tras la denuncia pública que hicimos de la privatización, una vez más, de la Sanidad en esta Comunidad, desde el sector de Sanidad de la FeSP de UGT Castilla y León EXIGIMOS que se clarifique el destino, uso y rendimiento de los 700.000 euros que salen de los bolsillos de los habitantes de esta tierra y que tan alegremente ha decidido poner la Consejera de Educación en manos privadas. INSISTIMOS en que los problemas de la Atención Primaria y, por ende, de toda la Sanidad Pública, no se solucionan privatizando servicios y actividades, sino destinando las partidas económicas y los recursos humanos necesarios para retomar la calidad asistencial. Por tanto, EXHORTAMOS a la Junta de Castilla y León para que, de una vez por todas, cumpla con su obligación legal y ponga en marcha la creación de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio, ya que si algo ha demostrado esta pandemia en la que estamos inmersos es que solo desde los Servicios Públicos tenemos más cerca la salida.

 

 

 

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