LA MINISTRA DE SANIDAD SE COMPROMETE CON UGT A REVISAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

En la reunión ha participado FeSP UGT Castilla y León, quien ha expuesto la situación de las trabajadoras de la Dependencia en Castilla y León. En este sentido se habló del modelo residencial mixto que basa las ratios en una legislación autonómica con un marcado sesgo de género.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) se ha reunido este miércoles con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo para denunciar el abandono por parte de las administraciones al sector de atención a la Dependencia.

Esta situación está impidiendo la firma de un convenio que dignifique las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, que son más de 245.000 (el 90% mujeres) y que ahora mismo se encuentran en una situación de pobreza laboral.

Por parte de Castilla y León, en la reunión ha participado la secretaria de Igualdad y del Sector Socio-Sanitario y Dependencia de FeSP-UGT Castilla y León, Fonsi Bonafonte Calama, quien ha explicado la situación en la Comunidad Autónoma con cerca de 40.000 trabajadoras del Sector de la Dependencia, que además de encontrarse en condiciones laborales muy precarias en el sector, padecen las consecuencias de una legislación autonómica con un marcado sesgo de género, que establece unas ratios insuficientes para prestar cuidados de calidad. Teniendo en cuenta que el Decreto 14/2017, en ningún caso está adaptado a las necesidades de los dependientes, eliminar el tipo de usuario y grado de dependencia, describe la situación anormal para crear centros residenciales mixtos basados en la desigualdad. Algo que interfiere negativamente en el proceso de ejecución del trabajo y que da lugar a que una de cada tres trabajadoras consuma analgésicos y antiinflamatorios habitualmente, y acumulen el 69%de los accidentes.

En el manifiesto que ha presentado a la titular de Sanidad, UGT señala que “Sin duda nos encontramos ante las peores condiciones de cualquier convenio de atención a las personas, con una jornada anual que llega a las 1.792 horas, cubriendo 24 horas de servicio al día y un salario bruto de 985 euros. A pesar de que la atención a la dependencia es un servicio esencial para la ciudadanía.

Los precios que paga la Administración por la prestación de este servicio llevan prácticamente 10 años congelados, y esto inevitablemente ha afectado a las condiciones laborales de las trabajadoras. Las patronales han manifestado, escudándose en esta situación, la imposibilidad de negociar un convenio que contemple tanto mejoras salariales como laborales, rehuyendo con ello una responsabilidad para la que están legitimadas.

UGT ha pedido a la Ministra en funciones que sea sensible a la problemática del sector. Hay que tener presente que un trabajo de calidad prestará una atención de calidad, algo imprescindible para un servicio esencial como es el de la Atención a la Dependencia. Sería deseable también un modelo más homogéneo en el territorio nacional (es una competencia transferida a las CCAA) en residencias, centros de día, atención domiciliaria y la teleasistencia.

UGT ha valorado de forma positiva este encuentro con la ministra, que se ha comprometido a revisar el modo en que se está aplicando la Ley en cada una de las Comunidades Autónomas. La Ley de Dependencia, que data de 2006, no se ha evaluado en profundidad en 13 años. Del mismo modo, ha coincidido con UGT en que es necesario visibilizar los problemas que afectan al sector, empezando por la precariedad de sus trabajadoras, cuyo salario, como se viene denunciando desde hace, no llega a los 1.000 euros mensuales.

En el año 2008 salió una resolución del Consejo Interterritorial del INSERSO que establecía una serie de requisitos mínimos con respecto al personal trabajador de los centros de atención a la Dependencia (Residencias y Ayuda a domicilio) para garantizar la calidad del Servicio. Este documento debía servir de base a las CCAA para legislar sobre la materia. Sin embargo, no llegó a desarrollarse en su momento y ahora el Gobierno se ha comprometido a revisar este trabajo y a evaluarlo.

En Castilla y León con cerca de 40.000 trabajadoras del sector de la dependencia que desarrollan su labor profesional en residencias de mayores, centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio en la comunidad, y aproximadamente con 93.500 dependientes atendidos en Comunidad, explica nuestra preocupación en dos cuestiones fundamentales que van íntimamente unidas: reconocer a todas las personas dependientes el derecho a ser cuidado con calidad y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a trabajar en entornos laborales seguros. Parece inconcebible que la Administración Pública, eluda sus responsabilidades al respecto.

 

 

 

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