LA SALUD Y LA SEGURIDAD, UN DERECHO FUNDAMENTAL EN EL TRABAJO

ugt.es publica:

Artículo de opinión de Ana G. de la Torre, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, en "elPlural"

Todavía sigue siendo una cuestión de segundo orden para muchas empresas

Siendo absolutamente consciente de la situación tan complicada, social y económicamente por la que estamos atravesando a consecuencia de la pandemia, creo sinceramente que tenemos la obligación de mirar más allá y afrontar temas sumamente importantes que quedaron aún más parados por la irrupción de la COVID 19. Esta crisis sanitaria no ha hecho más que evidenciar la fragilidad de nuestro sistema preventivo.

Si tuviera que priorizar entre las diferentes asignaturas pendientes, destacaría la lacra de la Siniestralidad Laboral. Durante esta pandemia ha quedado claro que algo no se está haciendo bien cuando pese a la importante bajada de actividad y pese al acusado descenso de los accidentes de trabajo, 708 personas durante 2020 han muerto en accidente laboral, de las que 595 murieron en jornada laboral, 53 más que en 2019. Lo más triste e indignante es que la mayoría de estas muertes se podrían haber evitado.

Como digo, datos muy preocupantes que confirman la cruda realidad y es que, desgraciadamente, la salud y la seguridad laboral sigue siendo una cuestión de segundo orden para muchas empresas y también para muchas administraciones en nuestro país y también a nivel mundial.

Por eso este 28 de Abril, además de recordar a las personas que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral, queremos reivindicar desde UGT junto al movimiento sindical internacional, que el Derecho a la Salud y la Seguridad en el Trabajo se reconozca como un derecho fundamental.  Así lo hemos trasladado como una propuesta desde la Confederación Sindical Internacional que será tratada en la Conferencia de la OIT de 2022.

Para UGT es un problema de primer orden y, por tanto, debe convertirse, en una prioridad, en uno de los ejes centrales en las relaciones laborales y de las políticas económicas y debe ser reconocido como derecho fundamental en el trabajo.

Es urgente que el Gobierno convoque una mesa de diálogo social para abordar este drama invisible que, de media, les cuesta la vida a dos personas trabajadoras al día en nuestro país. Y que en esa mesa se analicen las causas y se concrete un Plan de Choque que frene esta sangría de muertes en el trabajo. Es obvio que hay que acometer cambios normativos importantes, como derogar las Reformas Laborales que han precarizado las condiciones de trabajo hasta tal punto que podemos afirmar tajantemente que la precariedad laboral mata.  También reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para, entre otras cosas, adaptarla a las nuevas formas de organizar el trabajo. Imprescindible, repensar el modelo de prevención de riesgos laborales para luchar contra la siniestralidad laboral. Necesitamos un modelo preventivo que anteponga la salud de los trabajadores y trabajadoras a los beneficios empresariales, que acabe con la mercantilización de la salud laboral y que apueste por un sistema que promueva la integración real y efectiva en las empresas, garantizando el cumplimiento real de la normativa en prevención de riesgos laborales.

Hay que fortalecer y reforzar organismos como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo esencial para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.  O la Inspección de Trabajo, es importante intensificar los mecanismos de control para que se cumpla la normativa en prevención de riesgos laborales. O la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, porque no puede quedar impune ningún delito contra los derechos de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

Pero hay otras muchas otras cuestiones pendientes, la infradeclaración de las Enfermedades Profesionales, que tiene en la infradeclaración del cáncer de origen laboral su mejor expresión. Quedan pendientes de trasposición dos modificaciones de la Directiva de Agentes Cancerígenos, pero también la Directiva 2013/59/EURATOM para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, entre las que se encuentra el gas Radón. Urge la trasposición, y no ya por las posibles sanciones, si no porque hay que dar la mayor protección posible a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

No debemos olvidarnos del amianto, hace pocas semanas de tomó en consideración la proposición de Ley para la creación de un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto. Esta legislatura debe ser la legislatura que creó ese fondo, debemos saldar la deuda que tiene la sociedad con ellas y sus familias, por justicia y reparación y no perder de vista que el riesgo de exposición al amianto continúa presente en nuestro país y que la protección que brinda el nuestro sistema de Seguridad Social es insuficiente para proteger y compensar a todas las víctimas de la exposición al amianto.

Podría enumerar más cuestiones pendientes. Muchos temas pendientes que no pueden esperar y sobre los que urge actuar de forma inmediata, sin demora porque no debe haber nada más importante que la salud de los trabajadores y las trabajadoras.

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